Sin espacio para la impunidad

En nuestro país, la justicia se erige como una de las asignaturas que acusan las más hondas brechas entre las expectativas ciudadanas y los rendimientos que las instituciones les ofrecen. La conciencia acerca de ello y los sentimientos de agravio, sin lugar a dudas, son una de las razones principales que llevaron al presidente Peña a ahondar los esfuerzos para la implementación de la reforma del sistema de justicia, que hoy es una realidad a lo largo y ancho del país. Uno de los objetivos estratégicos del nuevo sistema de justicia penal es ofrecer justicia pronta y expedita, así como terminar con la impunidad con la que algunos funcionarios públicos actúan al amparo de los cargos que ostentan.

Recientemente se han acentuado las noticias acerca de excesos y abusos  que involucran a exgobernadores locales, que han indignado a la sociedad mexicana: desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, corrupción en torno a sentencias acusatorias, etc. En buena medida, dichos excesos han sido posibilitados por el marco legal e institucional que confiere  autonomía a los órdenes de gobierno. En al contexto, muchos gobernantes creen que sus actuaciones no serán sancionadas por otros poderes, sin darse cuenta de que si bien tienen esta autonomía, están suscritos a un pacto federal donde se debe rendir cuentas de sus acciones además de que hoy, más que nunca, el actuar de un gobierno está bajo el escrutinio público.

En virtud de lo anterior, considero necesario aprovechar este espacio para referirme a la detención de dos exgobernadores buscados por la justicia mexicana: Tomás Yarrington y Javier Duarte. Al respecto, se podrá decir, y no sin cierta razón, que se trata de dos victorias pírricas en un mar de abusos y excesos. Sin menoscabo de ello, igualmente cierto resulta, o más, que se trata de una señal inequívoca de ya  no hay más espacio para la impunidad en México. Si de algo estoy cierto es que, con independencia de las circunstancia, quienes quebrantan la ley deberán responder por sus actos.  En este sentido, las recientes detenciones de Tomás Yarrington y Javier Duarte son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad. 

Hoy todos quienes estamos en el servicio público debemos asumir la demanda sentida que hay entre la sociedad mexicana y entre la sociedad mundial, de demandar del servidor público, invariablemente, integridad, probidad y honestidad, como diariamente lo hacen, y hay que reconocerlo y hay que decirlo, millones de mexicanos. Estamos frente a una nueva realidad del estado mexicano donde estos resultados, o estos operativos realizados, se suman a los cambios institucionales que también habrán de representar el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. 

A través de este espacio he hecho referencia a varios hechos muy positivos del avance que como nación hemos tenido y de lo cual a veces poco se dice o poco se reconoce, pero las cosas buenas cuentan, y cuentan mucho, y cuenta mucho el comportamiento honesto, el comportamiento comprometido que millones de mexicanos tienen todos los días y que hoy por mencionar, se refleja en un aspecto tan importante como el empleo que está teniendo un crecimiento no visto en muchos años y esto, es reflejo de lo que en verdad como país somos y que muchos capitales extranjeros observan. 

Estos avances cuentan con el respaldo de millones de mexicanos que buscan vivir en un país de leyes e instituciones, de derechos y libertades; un país con un Estado de Derecho sólido y eficaz. Y como hemos hecho también referencia en este espacio hoy nuestro país requiere de unidad para observar las cosas como son y no con ópticas distorsionadas, estamos ante un acto de justicia y por esto quiero sumarme al reconocimiento que se ha hecho a las agencias y unidades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia por su profesionalismo y compromiso con el país. Nadie debe tener dudas en estos días de que en México estamos cerrando los espacios a la impunidad en cualquier sector social; en esta asignatura estamos dando pasos muy firmes, muy decididos y comprometidos, precisamente para consolidar nuestro Estado de Derecho.